El inicio del estado de emergencia a causa de la pandemia no solo significó la paralización de todos los proyectos de infraestructura que venían ejecutándose a nivel nacional, sino que puso en manifiesto la inmensa carencia de servicios en transporte, conectividad, educación, saneamiento y, sobre todo, en salud; donde no solo hay carencias de infraestructura física, sino también deficiencias en la gestión de las instituciones.

El Covid-19 encontró a países como Perú, por ejemplo, padeciendo de una brecha de infraestructura que asciende a S/363,452 millones, (equivalente al 47% del PBI 2019), según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), de los cuales, S/58,727 millones corresponden exclusivamente a necesidades de inversión en infraestructura para la salud.

Al respecto, el Ministerio de Salud señaló que el 78% de los establecimientos del primer nivel de atención no cuentan con una capacidad instalada adecuada y se necesitan 281 nuevos establecimientos para cubrir las necesidades sanitarias de la población en ese nivel.

Con el inicio de la primera fase de reapertura económica, los proyectos del PNIC, de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entre otros, fueron autorizados a retomar su ejecución; sin embargo, la excesiva carga burocrática para conseguir la autorización de reapertura, así como la discrecionalidad de las autoridades subnacionales dentro del proceso, generaron retrasos en la reanudación de las obras, dilatando más la reapertura de actividades y el restablecimiento de los puestos de trabajo.

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9 medidas de corto plazo para recuperar el dinamismo del sector de infraestructura

1.-Crear un espacio público-privado, tanto para la promoción de políticas públicas en infraestructura, como la gestión de las necesidades y cuya primera tarea sea: reorganizar las prioridades del PNIC y acelere la ejecución de 10 proyectos vía APP de mayor urgencia que generen un impacto significativo en la productividad y bienestar de la población.

2.-Implementar el uso de empresas especializadas en gerenciamiento de proyectos (PMO) y la metodología BIM para APP desde su concepción hasta su total ejecución. Esto permitirá solucionar:

  • La falta de capacidad en la gestión de proyectos.
  • Los obstáculos en la liberación de predios, de interferencias, en la gestión de control y por la permisología.
  • La intervención de entidades en temas fuera de su competencia.
  • Un marco legal no colaborativo.
  • Priorizar las inversiones en infraestructura social para servicios públicos a nivel nacional, a través de una intervención conjunta con enfoque territorial.
  • Pasar a una gestión colaborativa público-privada como solución en la prestación de los servicios de atención, principalmente en salud, saneamiento y educación.
  • Promover nuevos complejos hospitalarios bajo APP Bata Blanca en hospitales nuevos (Greenfield), que comprende la gestión hospitalaria.
  • Promover APP Bata Gris en hospitales existentes.

3.-Promover, bajo la modalidad de APP, nuevos paquetes de colegios cuyo objetivo sea dotar de infraestructura segura y equipamiento de calidad a estas escuelas, asegurando su mantenimiento para evitar el deterioro.

4.-Establecer un Modelo Tipológico de Centro de Atención Primaria, que permita construir, implementar y gestionar con eficiencia establecimientos de salud de distinto tamaño y categoría en cualquier región del país.

5.-La construcción de este modelo se realiza mediante fast-track, lo cual permite reducir los tiempos de ejecución de los proyectos.

6.-Cambiar la ley del registro de propiedad y desarrollar una estrategia de reasentamiento para agilizar la liberación de áreas, a fin de evitar demoras y sobrecostos que afectan a las obras.

7.-Evaluar la pertinencia de los esquemas de financiamiento para el desarrollo de los grandes proyectos de infraestructura anunciados vía obra pública. El gobierno se encontrará los próximos años con un financiamiento limitado a causa del aumento del déficit fiscal por los efectos del COVID-19. La modalidad APP es una alternativa a considerar.

8.-Otorgar a ProInversión un rol rector de los proyectos público-privados, concentrando la estructuración, promoción y adjudicación, de manera que ni los Reguladores ni la Contraloría evalúen y opinen en las fases del contrato y de la ejecución de la obra. Esto permitirá una reducción significativa en los plazos de los proyectos.

9.-Digitalizar los documentos necesarios para el desarrollo de infraestructura con el fin de facilitar la gestión del mantenimiento y futuras inversiones.

La pandemia mundial por COVID-19 ha provocado una fuerte retracción del consumo y de la inversión. El Foro Económico Mundial contempla una caída media del PIB en la región en torno al 8,1%, cifra más desfavorable que las esperadas para la mayoría de los países a nivel mundial. Igualmente, para América Latina se estima una recuperación media del 3,6% del PIB en 2021, más lenta que en el resto de las economías emergentes.

Esta nueva coyuntura demanda esfuerzos sustanciales para sostener y profundizar en una nueva agenda de infraestructura sostenible como motor de crecimiento, ya que es de sobra conocido su efecto multiplicador sobre la economía: se estima que en promedio la infraestructura tiene un retorno económico del 20% del PIB.

Los estudios han hallado que en el contexto del transporte el mayor retorno económico es el generado por los proyectos carreteros, pues contribuyen hasta 3 veces más al crecimiento que la inversión en otros modos como puertos, aeropuertos o ferrocarriles.

Por todo lo dicho, se hace indispensable desarrollar propuestas orientadas a la identificación de proyectos viales sostenibles, dando prioridad a aquellos que generen mayores impactos en la reactivación económica en el corto plazo. En este sentido, sería relevante centrar la inversión en proyectos que se definan como necesarios, de rápida ejecución y alta capacidad para la generación de empleo. Esto implica seleccionar proyectos:

  • Encaminados a mejorar la infraestructura existente frente a la construcción de nuevas obras, ya que suelen necesitar un menor tiempo de preparación
  • De baja complejidad técnica, que demandan menos costos y tiempos de análisis
  • Que tengan resueltas, en gran medida, las gestiones prediales y de licencias ambientales
  • Los adjudicados que se paralizaron por falta de recursos reasignados a la emergencia sanitaria

Es importante empezar cuanto antes con el objetivo de reactivar el sector y poder contribuir al crecimiento de la economía en la región. La presentación de programas de inversión razonables, alcanzables y equilibrados ayuda a reestablecer la confianza de ciudadanos e inversores, y permiten volver a creer en el futuro.

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